Establecer una relación de confianza entre la policía y la comunidad
En la década de 1990, las relaciones entre la policía de Victoria y las comunidades de migrantes e indígenas, el colectivo LGTBI y la juventud eran muy problemáticas; había frecuentes tensiones y quejas por el accionar incorrecto de la policía. Después de participar en un programa de formación en derechos humanos en 2006, las fuerzas policiales comenzaron a entender el papel que les cabía en el marco de estos derechos. Eso redundó en una disminución de las denuncias contra los abusos de la policía y de las tensiones entre los agentes y las comunidades.
Hoy, la policía tiene más conciencia de las necesidades especiales y de la sensibilidad de las personas diversas en sus comunidades. Por ejemplo, muchos nuevos migrantes han pasado años en campos de refugiados, o provienen de países donde los agentes encargados de hacer cumplir la ley son vistos como opresores, por lo cual hay resistencia a ir a las comisarías cuando surgen problemas.
«La educación en derechos humanos directamente relacionada con la experiencia cotidiana de la fuerza policial ha mejorado nuestra comprensión de los derechos y ha fomentado un cambio de conductas; esto disminuyó la tensión y las confrontaciones a la hora de tratar con la comunidad».
Luke Cornelius, Subcomisario de la Policía de Victoria
«El Proyecto de Derechos Humanos recalca que el punto central de estos derechos es respetar la dignidad. […] Era obvio que esta legislación apoyaría una reorientación de las prácticas policiales para abandonar la mentalidad de “nosotros o ellos” y pensar desde la perspectiva de la comunidad».
Mmaskepe Motlalepula Sejoe, excoordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía de Victoria
UN CAMBIO POSITIVO
A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS
Las difíciles interacciones entre la policía de Victoria y los miembros de las comunidades indígenas y migrantes, el colectivo LGTBI y la juventud (en particular, jóvenes con antecedentes policiales o en situaciones de alcoholismo y uso de drogas) eran causa de tensiones, desconfianza y denuncias judiciales contra la fuerza policial.
En 2006, el Departamento de Policía de Victoria decidió crear el Proyecto de Derechos Humanos, con apoyo del gobierno y en colaboración con el sector universitario y especialistas en estos derechos. El programa mejoró la conciencia y el conocimiento de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los protocolos sobre arrestos, procedimientos de investigación y detenciones, uso de la fuerza y de armas de fuego, y asistencia a las víctimas.
En el marco de este Proyecto, los 14.000 empleados del Departamento de Policía de Victoria —desde el personal civil administrativo hasta el Comisario General, además de científicos forenses, detectives y abogados— recibieron educación y formación que les permitió aplicar de forma práctica los principios de derechos humanos en su trabajo policial cotidiano.
El Proyecto de Derechos Humanos también se propuso crear conciencia de los protocolos internacionales en el contexto del trato con la comunidad, las relaciones entre la policía y los jóvenes, las minorías sexuales y de género, y las comunidades multiculturales y de pueblos originarios.
Desde el inicio del programa hasta 2012, las denuncias relacionadas con el comportamiento policial habían disminuido un 30%.
UNA POLICÍA
PARA TODA LA COMUNIDAD
Otra área problemática era el número desproporcionado de detenciones a jóvenes de pueblos originarios, dada la falta de confianza generalizada entre la policía y las comunidades indígenas.
Asimismo, la Policía de Victoria implementó un programa de liderazgo juvenil que ayudó a acortar distancias y a mejorar las relaciones entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes.
En 2006, se aprobó la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria. Según sus cláusulas, las autoridades públicas —en especial la policía— deben actuar respetando los derechos humanos.
El artículo 38, inciso 1), sobre el comportamiento de las autoridades públicas, señala que: «…es ilegal que una autoridad pública se comporte de un modo incompatible con cualquiera de los derechos humanos o, en la toma de decisiones, no considere adecuadamente un derecho humano pertinente». El artículo 32, inciso 2) dice que, a la hora de interpretar una disposición reglamentaria, deberá tenerse en cuenta el derecho internacional y la jurisprudencia de los juzgados y tribunales nacionales, extranjeros e internacionales referida a cualquiera de los derechos humanos.
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